Los ataques cibernéticos serán cada vez más comunes en los siguientes 5 años, señaló el consejero general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y del Servicio de Seguridad Central en Estados Unidos, Glenn Gerstel. El 61 por ciento de los negocios han sido hackeados, según AIG Norteamérica.
Las afectaciones económicas de los ataques cibernéticos llegarán a 8 mil millones de dólares en los próximos 5 años, e involucrarán a empresas, criminales y gobiernos, advirtió Glenn Gerstel durante el panel sobre ciberseguridad, en el Consumer Electronic Show (CES 2019) de Las Vegas.
Las novedades tecnológicas sobre videojuegos, la televisión enrollable y el arenero de gatos que se limpia solo, fueron eclipsadas por la declaración de Gerstel, quien es consejero general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).
“Viviremos con una enfermedad crónica al menos por los próximos 10 años”, aseveró el también consejero general del Servicio de Seguridad Central en Estados Unidos. Los ataques serán cada vez más comunes en todos los sectores e instituciones.
Las principales amenazas que detectó provendrían de China, Corea del Norte, Irán y Rusia, debido a la presencia de grupos que son “muy persistentes”. La NSA está encargada de mantener el programa de vigilancia de las comunicaciones del gobierno norteamericano.
Tecnología vulnerable
Bajo el mismo tenor, el director de la aseguradora AIG de Norteamérica, Lex Baugh, reveló que durante el 2017, el 61 por ciento de los negocios fueron hackeados. Asimismo, subrayó que el 75 por ciento de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) son propensos a ser hackeados.
De hecho, Gerstel precisó que las tecnologías emergentes no son necesariamente más seguras. Su vulnerabilidad radica en que el manejo de datos es cada vez mayor. Las redes 5G y el cómputo en la nube amplían la superficie de ataques, consideró el funcionario.
“No es posible encontrar una cura milagrosa o una ciberbala de plata”, señaló el directivo. La única defensa proviene de la coordinación entre gobiernos, empresas y usuarios particulares, dentro de un marco regulatorio y de justicia que persiga estos ataques como delitos graves.